Al margen de la semanaLa peor decisión en el peor momento
Domingo 26 de octubre de 2008 | Publicado en edición impresa
Si las perspectivas de la economía argentina venían complicadas después del conflicto con el campo y por la inédita crisis global, la sorpresiva estatización de la jubilación privada fue la peor decisión en el peor momento. Una bomba neutrónica contra la confianza de los que creen que en estos casos a los gobiernos les conviene manejarse con buenos diagnósticos y la mayor prudencia.
No hubo ni una cosa ni la otra cuando el gobierno de Cristina Kirchner precipitó esta imprevista confiscación de ahorros de futuros jubilados. Ni siquiera previó sus efectos colaterales sobre los mercados, en un período en el que ya preocupaban las compras preventivas de dólares y la fuga de capitales. Funcionarios que debieron ser consultados se enteraron por los diarios. Y hasta resultó patético que algunos habitantes de la Casa Rosada se sintieran aliviados cuando el Merval recortó pérdidas dantescas en un par de jornadas, sin reparar que ello fue producto de la apurada intervención de la banca oficial con el solo efecto de suavizar los titulares del día siguiente. Lo mismo puede decirse de los allanamientos ad hoc dispuestos por el juez Bonadío, que, con la suspensión de operaciones de las AFJP que debió rever, provocó a los afiliados más pérdidas que las que dijo querer evitar. Esta es sólo una pequeña parte de un problema mucho mayor. El anuncio y la inverosímil forma de presentarlo hicieron llover combustible sobre el fuego de la incertidumbre.
La señal que el gobierno de CFK transmitió explícitamente hacia dentro y fuera del país es que puede romper cualquier regla con tal de hacerse de recursos; y en forma implícita, que eso debe ser rápido para atender las necesidades financieras de 2009. Casi como un manotazo de ahogado, aunque las cuentas le cierren este año. El plazo de dos semanas otorgado a los bloques oficialistas para que aprueben la reforma es casi una orden para evitar cualquier debate de fondo sobre el futuro del sistema jubilatorio en un marco de alta inflación. Imposible un mayor aporte a la desconfianza.
La estatización lleva el inconfundible ADN de Néstor Kirchner. Para el copresidente, contar con caja fiscal es sinónimo de poder político y gobernar, sinónimo de gastar. Máxime con las elecciones de 2009 a la vista. En la práctica, el traspaso de un flujo de aportes por 4500 millones de dólares anuales que hasta ahora administraban las AFJP y desde el año próximo irían a la Anses permitirá al Tesoro compensar pérdidas de recaudación por la caída de precios internacionales de las exportaciones y alejar el fantasma de un default ante el cierre del crédito. No haría falta entonces bajar gastos estatales ni aumentar impuestos, acciones ciertamente antipáticas en un año electoral. Claro que no se trata de ?fondos de las AFJP?, como suelen repetir al unísono los funcionarios oficiales, sino de 3,6 millones de aportes regulares con nombre y apellido, que ahora irán a un pozo común que se llena y se desagota mes tras mes. Hace menos de un año, casi el 80% de los aportantes del sistema privado había optado por no mudarse al sistema de reparto.
Otra marca kirchnerista es la apuesta a todo o nada. La iniciativa no sólo traspasa al Estado el flujo de aportes, sino todo el ahorro acumulado de casi 30.000 millones de dólares. Ni siquiera un diputado no oficialista como Claudio Lozano, partidario del sistema exclusivo de reparto estatal, fue tan lejos cuando, en pleno tratamiento del presupuesto 2009, propuso que se traspasara el flujo de aportes al Estado para asegurar una prestación universal, pero sin afectar el stock. Nadie en el oficialismo apoyó su idea: el confiscatorio proyecto K no existía.
Todos detrás de los fondosAunque el Congreso pretenda blindar esos recursos para destinarlos a los actuales y futuros jubilados, los antecedentes del Gobierno no lo ayudan. El año pasado, contabilizó como ingresos corrientes (para gastar cada mes) los casi 2500 millones de dólares de fondos extraordinarios que recibió el Estado del traspaso obligatorio de la cartera de inversión de aportantes a las AFJP que acumulaban en sus cuentas menos de 20.000 pesos. Luego la Anses se dedicó a prestarle excedentes al Tesoro a una tasa inferior a la inflación.
El manejo del stock también es por ahora una incógnita. Con apoyos explícitos o silencios sugerentes, funcionarios, sindicalistas y empresarios comenzaron a pedir pista en el consejo consultivo que asesorará a la Anses. Algunos legisladores también. Cada uno imagina un traje a medida. ¿Quién determinará si parte de esos recursos financiarán obras públicas, centrales energéticas (la Argentina necesita invertir 2500 millones de dólares anuales en este sector), planes regionales, proyectos privados o se destinarán a fondear un Banco de Desarrollo, reforzar redes de asistencia social o prestarles a las obras sociales sindicales?
También la Anses anticipó que piensa actuar como administradora e inversora de la cartera que se traspase, aunque el proyecto no establece regulaciones en este sentido. Todo con un Gobierno que hace trampas al calcular la inflación. Por de pronto, el Estado se convertiría en acreedor de su propia deuda con los títulos públicos que en los últimos años colocó en las AFJP y ahora se aliviaría a sí mismo de necesidades de financiamiento. Pero tampoco se sabe qué criterio aplicará con las participaciones accionarias en empresas privadas, los fideicomisos de créditos para consumo o los plazos fijos.
En condiciones normales una reforma de tantas implicancias significa un fenomenal cambio de escenario, que obligaría al Gobierno a precisar respuestas a cada uno de los interrogantes. En medio de una crisis financiera internacional, mucho más. Pero el discurso oficial sólo apunta al envase ideológico, a medias verdades y a forzar que el debate parlamentario se transforme en un mero trámite legislativo.
En otras palabras, se está engendrando otra de las típicas políticas de viaje ahora y pague después que han caracterizado a la Argentina. El problema es que tanta incertidumbre agudiza compras de dólares que ya venían de arrastre por la crisis, lo cual ahora hace que en el mercado cambiario haya más demanda que oferta de divisas. Por primera vez en cinco años, si el Banco Central dejara flotar libremente el dólar, la cotización subiría. De ahí que se hayan convertido en un dato crucial para los analistas las estimaciones de superávit comercial para los próximos meses, en los que se prevén menores exportaciones e importaciones. El BCRA parecía dispuesto a no rifar reservas para alimentar la fuga de capitales provocada por la crisis internacional. Ahora tiene una preocupación más, generada desde este lado de las fronteras.
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