Por Malena Gainza
Para LA NACION
La Argentina es un país donde caben Francia, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Suiza, Holanda, Dinamarca, Bélgica y Polonia, todos juntos, y sobra lugar. Nuestra población, amontonada en unas pocas ciudades, no llega al 10% del total de estos países. Hay aquí entonces un inmenso territorio despoblado, de clima y suelos privilegiados, con muy eficientes productores agropecuarios y una cadena agroindustrial, que ofrece infinitas posibilidades de crecimiento, para dar trabajo y bienestar a toda la población. Somos, nos guste o no, un país agropecuario por excelencia.
A través de nuestra historia, hemos cometido la torpeza imperdonable de no exigirle, a todo gobierno, la incorporación permanente de ministros de Economía duchos en temática agropecuaria. Nuestros vecinos, Uruguay, Brasil y Chile, menos favorecidos por la naturaleza, han sabido aprovechar, con políticas agropecuarias coherentes, a largo plazo, este enorme potencial que aquí los gobiernos se obstinan en relativizar, al entorpecer su evolución con estrategias demagógicas inconducentes, que fomentan resentimientos trasnochados, perjudicándonos a todos.
La ingratitud bautizó oligarquía vacuna a la clase gobernante argentina que fundó el país. Esta misma, entre fines del siglo XIX y principios del XX, acogió a más de tres millones de refugiados europeos y levantinos que huían del horror de la guerra en sus países, sin condicionamiento alguno. Pero, desde su irresponsable hospitalidad, tan característica del criollo, la mentada oligarquía no previó la infraestructura necesaria para recibir un contingente humano que triplicaba la población nacional. Generosa o abusadora, según como se la mire, pagó caro las consecuencias políticas de su ligereza y perdió el poder.
La ley de la herencia diezmó las extensiones de tierras a título individual. La carga impositiva directa e indirecta sobre las mismas es tal –aun antes del aumento a las retenciones de la soja– que quien no trabaja su tierra con eficiencia la pierde. Hoy, cientos de miles de pequeños y medianos productores caracterizan al campo argentino. Invisibles a los porteños, ignorados por los políticos que persiguen los votos acumulados en los grandes centros urbanos, lejos de los ejes del poder, trabajan de sol a sol en el anonimato. Son la espina dorsal que sostiene al interior del país, al brindar silenciosamente comida, trabajo y divisas para todos. Merecen el mayor respeto y agradecimiento por parte de pueblo y gobierno, no insultos y maltrato.
Sin su aporte no existiría industria ni comercio ni servicios: son la base de la cadena agroindustrial, que es el sector más eficiente de la economía argentina. Pero toda cadena se corta por el eslabón más débil, y la “fábrica sin techo” del campo no maneja sus tiempos. Funciona acorde con ritmos implacables impuestos por la naturaleza, con fechas rigurosas de siembra y trilla a cumplir, y otras urgencias impostergables que determinan vida o muerte de cultivos y animales. De ahí su dificultad para negociar, agravada por la incomunicación con sus pares y con la sociedad, a causa de las enormes distancias físicas a recorrer, las aberrantes deficiencias viales y precarios medios de comunicación.
La solidaridad es parte de la idiosincrasia de la gente del campo, austera, humilde y respetuosa por naturaleza. Además de soja, cultivan paciencia y resignación, como deformación profesional, para sobrevivir a la frustrante certeza de que a los años de vacas gordas seguirán otros de vacas flacas, independientemente del esfuerzo realizado, y ajenos a su control (precios deprimidos, plagas, sequías, inundaciones).
Pero el Estado argentino aprovechó la proverbial mansedumbre del campo para quitarle progresivamente, de manera inconsulta, con o sin justificativos, directa o indirectamente, en forma anticipada o con retroactividad, y gane o pierda el productor, más del 50% del negocio, sin correr el menor riesgo y sin siquiera cumplir con las contraprestaciones a las que está legalmente obligado por los impuestos y demás eufemismos que inventa en su afán recaudador y cobra, hasta por servicios que no brinda.
El Estado arguye que el campo es un buen negocio, basándose en la reciente valorización de la tierra. Pero para el productor agropecuario la tierra es el piso de su fábrica y no está a la venta, forma parte de su capital de trabajo. Diferente es la especulación inmobiliaria, donde el inversor preserva su capital comprando tierra (cuyo valor aumenta en tiempos de crisis bursátiles) para revenderla luego a mejor precio. No condice el mayor valor del campo con un aumento de su rentabilidad: basta comprobar que el chacarero no pudo comprar más hectáreas con su cosecha, sino que las mismas que antes tenía hoy valen más, y que si las vende ahora será más rico ¡pero ya no chacarero!
La inversión agropecuaria es de altísimo riesgo, expuesta a la volatilidad de los precios internacionales y al inmanejable riesgo climático. De ahí que tantos productores prefieran alquilar su tierra a pools de siembra para asegurarse una renta fija antes que explotarla arriesgando capital propio. La inversión (costo de semillas, insumos, fertilizantes, labores, cosecha) resulta hoy tan onerosa en pequeña escala que los rindes previstos no siempre justifican el riesgo ni el gasto, particularmente cuando los insumos, en el último año, han triplicado su precio en dólares.
Tras arruinar el negocio ganadero y el triguero con precios máximos y cierre de exportaciones, el Estado pretende ahora quedarse con el 44% de la soja. Pero el campo dijo basta. Basta a la expoliación, al menosprecio de su gente y de su esfuerzo. Basta a los índices falsos de inflación, a los subsidios mentirosos, a las cotizaciones falaces de divisas, al disparate del tren bala cuando faltan trenes de carga, a los caminos infectos que destrozan autos y camiones, a los hospitales sin insumos, a las escuelas paupérrimas. No se trata sólo de pelear el precio del poroto, señora presidenta.
Nadie como el campo sabe lo que cuesta producir comida y lo que duele tirarla: vio morir sus vacas y cultivos en sequías e inundaciones, tiró miles de litros de leche y toneladas de grano para desempantanar carros y camiones encajados en caminos miserables que cuestan fortunas. Pero en las ciudades nadie se enteró, o no les importó. Aguantó piquetes ajenos, estoicamente, durante años, porque el campo nunca fue piquetero. Pero la televisión satelital, la telefonía digital e Internet le mostraron que el piquete es el único idioma que entienden los gobiernos K.
Con la globalización, la lejanía del horizonte pampeano se le vino encima a la ciudad, el campo desensilló en la Casa Rosada. El agro cobró protagonismo mediático, está en el aire. Ahora doma fibras ópticas, jinetea el ciberespacio, chatea en fogones virtuales, lee diarios por Internet, visita el cibercafé antes que la pulpería, confía más en cadenas de mails que en chasquis. El facón y el rebenque los guarda para los desfiles, el gaucho de hoy lleva un GPS en la rastra y el celular bajo el poncho. El campo argentino finalmente comprendió la insistencia de Sarmiento por educar al soberano y sabrá hacer valer sus derechos. Hoy, además del voto, tiene voz.
La autora es productora agropecuaria.
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